“Se aterrizará próximamente, pero más a nuestra medida”, apuntan fuentes de Función Pública. Eso implica que, para entonces, ya se tendrá en cuenta el resultado de la consulta pública, de los grupos de expertos y de un “proceso de reflexión”.
En cualquier caso, en el Ministerio de Escrivá están de acuerdo en que hay que actualizar las pruebas, sin necesidad de primar la memoria al cien por cien, y encaminarse hacia procesos más cortos. “Es un proceso de transformación, hay que repensar la Función Pública“, recalcan las mismas fuentes.
A la espera de conocer las modificaciones de Escrivá, en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantienen la misma posición que en 2021. “Se trata de favorecer la cobertura de plazas y la promoción interna sin reducir el nivel y evitando volver a examinar sobre cuestiones que ya han sido aprobadas con anterioridad”, explican desde el sindicato a EL ESPAÑOL-Invertia.
Rebaja de conocimientos
El profesor de Derecho Administrativo de Comillas-ICADE Antonio Alonso Timón precisa que existen dos modelos de Función Pública: el anglosajón, más abierto, y el francés, más cerrado. España optó por este último.
“El modelo actual comienza con la Ley de Funcionarios Civiles del Estado en 1964. Ha dado buenos resultados, la preparación para los cuerpos del grupo A1 es muy buena. Es un modelo basado en la memoria, de pruebas objetivas, como todos tiene ventajas e inconvenientes”, precisa Alonso a este periódico.
Entre sus aspectos positivos, cita la mayor cultura administrativa y la formación de “gestores públicos”, que lo mismo pueden trabajar en Interior, que en Hacienda o Educación. Entre los negativos, apunta a su coste y al problema de la carrera administrativa y sus pocos incentivos. “No se ha solucionado en ninguna reforma”, lamenta el profesor.
Alonso concuerda con una reforma de la Administración que responda “a las necesidades de su tiempo”, aunque reconoce que los cambios que prepara el Ejecutivo, si se basan en la rebaja de conocimientos, no le inspiran “demasiada confianza”. Para el profesor de Comillas-ICADE, existe una “escala de peligrosidad” en la que tiene que haber un “límite claro”.
“El servidor público tiene que estar bien formado, conocer bien su trabajo, y ser neutral, imparcial, como dice la Constitución. Todo debe ser respetando estos límites de mérito, capacidad e imparcialidad“, recalca.
El socio del área de Derecho Público y Regulatorio de Ceca Magán Rafael Ariño entiende que esa simplificación de los temarios está enfocada a “hacer más atractivo el sector público frente al privado”. La edad media en la Administración supera los 50 años y el sector público necesita talento joven.
Ariño constata que “se está viendo que hay una rebaja sustancial de conocimientos”. “El temario que tiene que conocer un funcionario es el mismo, ya sea antiguo o nuevo. Si les quitas temario, no estás asegurando que tenga esos conocimientos“, detalla a EL ESPAÑOL-Invertia.
El socio de Ceca Magán precisa que, al final, el tribunal de cada oposición cuenta con “cierta discrecionalidad técnica” para decidir si la prueba es más o menos sencilla. Por eso, a su juicio, “no tiene sentido que bajen los temarios”.
Plaza en propiedad
En este proceso de modernización de la Administración, Ariño recuerda que el Texto Redifundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), data de 2015, por lo que “no es antigua”. No obstante, lo que observa ahora es una apuesta por “introducir criterios de empresa”.
“Es verdad que no tiene sentido que apruebes una oposición con 25 años y vivas toda la vida de aquel esfuerzo. Lo lógico es que se mida el esfuerzo por avanzar, por actualizarse… Eso es muy bueno y es uno de los criterios que pedían en la Unión Europea (UE). Eso se puede hacer mediante incentivos, en determinados complementos, en productividad…”, expone el socio de Ceca Magán.
Además de eso, Ariño encuentra otro problema en la Administración Pública, y es la elevada tasa de interinidad en España, sobre todo en Sanidad y Educación, muy por encima del 8% que exige la UE. Para corregirlo, propone “absorber el exceso de interinos que hay en España” y realizar convocatorias con carácter plurianual.
El profesor de Comillas-ICADE también aboga por una “planificación rigurosa de los recursos humanos, con una oferta de empleo público que dé garantía y seguridad jurídica a los aspirantes”. Sin embargo, Alonso considera que en España “sobran funcionarios por todos los sitios”.
“España ha ido acumulando funcionarios. La descentralización ha propiciado que se haya inflado en demasía la estructura“, critica.
A su juicio, este es otro de los problemas de los modelos cerrados. “Cuando uno aprueba se va a insertar para toda la vida y tiene la plaza en propiedad (…). Es muy difícil la planificación”, concluye.
